Este cambio se produce por exigencia de la Comisión Europea, con el objetivo de reducir la injerencia política en la determinación de las facturas de los consumidores, favoreciendo a unos u otros con fines electorales o para conceder ayudas de Estado encubiertas. Por ello, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico exige que los peajes sean fijados por el organismo regulador del sector energético (la CNMC, en el caso de España), dejando en manos del Ministerio únicamente la fijación de los cargos y, en ambos casos, de acuerdo con metodologías objetivas y transparentes.